9 de janeiro de 2026
De 8 a 11 de setembro de 2025, participei da Escuela de Transformación Digital e Innovación en América Latina - CEPAL.
Enfoquei especialmente os aspectos legais e regulatórios no Brasil que impactaram negativamente os índices de universalização do acesso a Internet e de conectividade significativa, que atualmente são bastante insuficientes e revelam uma forte desigualdade penalizando as classes C, D e E, conforme as mais recentes pesquisas do CETIC.br.
Tratei também dos mais recentes impactos decorrentes da eleição de Donald Trump, como o apoio do Governo Estadunidense à resistência das bigtechs à regulação das plataformas de serviços prestados na Internet e Inteligência Artificial e os avanços dos projetos de instalação de data centers no Brasil, com efeitos sociais e ambientais danosos, como temos assistido já nos EUA e México.
Lamentavelmente o Governo Lula, por meio do Ministério da Fazenda, sem nenhuma escuta pública, planejamento e coordenação com outros Ministérios incontornavelmente envolvidos, como é o caso da Saúde e Minas e Energia, editou em julho do ano passado do REDATA, para conceder largas renúncias fiscais para a instalação de data centers, beneficiando bigtechs, que irão absorver recursos públicos que poderiam ser revertidos para políticas públicas sociais, num movimento neocolonial.
Todos esses recursos financeiros, energéticos, ambientais com impactos negativos para as populações que vivem no entorno dos data centers, para dar suporte a IA, que tem trazido benefícios, mas tantos problemas, especialmente no campo dos direitos humanos e soberania, como temos assistido. Sobre este tema, sugiro dois posts feito ainda em setembro de 2024 e 31 de janeiro de 2025.
Infelizmente, no decorrer dos pronunciamentos dos países na Escola, foi possível verificar o quanto diversos já estão cooptados pelo discurso de que "quem não computa não compete", sem as devidas reflexões. Outro aspecto preocupante destacado de pronunciamento da representante do México foi a flexibilização do direito à neutralidade da rede, fundamental para garantir a arquitetura aberta da Internet e a democratização dos processos comunicacionais.
Os últimos ataques dos EUA na Venezuela e ameaças de novos ataques na Colômbia e México demostram que minhas preocupações se justificam.
Segue o texto da palestra:
En primer lugar, quisiera agradecerles, en mi nombre y en el del Instituto NUPEF, la oportunidad de participar en este espacio de compartir reflexiones tan importante para el desarrollo sostenible de nuestros países de América Latina. Voy a conducir mi charla desde el aspecto regulatorio, enfocándome en el derecho de acceso a Internet en Brasil, desde una perspectiva histórica, destacando que el período de redemocratización del país, ocurrido a partir de 1985, coincide con la diseminación del neoliberalismo económico en el mundo, impulsado principalmente por el Reino Unido y los Estados Unidos de América, cuyas principales características son la reducción del papel del Estado como regulador y garante del acceso a servicios esenciales, creyendo que el mercado podría de forma orgánica promover la masificación del acceso. Este aspecto es especialmente importante en Brasil porque nuestra Constitución Federal, promulgada en 1988, como resultado del proceso de redemocratización después de 20 años de dictadura, se basó en los principios del Estado de Bienestar Social.
La Constitución atribuyó al Estado la obligación de garantizar el acceso a servicios públicos y en ese contexto se creó el Sistema Único de Salud, el sistema de educación y se atribuyó a la Unión Federal el papel de explotar, directamente o mediante concesión a empresas bajo control accionario estatal, los servicios telefónicos, telegráficos, de transmisión de datos y demás servicios públicos de telecomunicaciones, asegurada la prestación de servicios de información por entidades de derecho privado a través de la red pública de telecomunicaciones explotada por la Unión.
Es decir, los servicios de transmisión de datos, así como las telecomunicaciones, pasaron a ser atribución exclusiva de la Unión, reconocidos, por lo tanto, como servicios públicos esenciales, sujetos a reglas orientadas a la UNIVERSALIZACIÓN, y no simplemente la masificación, que tiene diferentes implicaciones jurídicas.
Ocurrió que, a partir de 1990, inspirado en los modelos del Reino Unido y EE.UU., Brasil inició la reforma del Estado para orientar la ola de privatizaciones y la reorganización institucional y regulatoria para dar soporte al nuevo modelo económico.
Fue en este contexto que, en 1995, la Constitución Federal sufrió una enmienda para: primero, retirar la transmisión de datos de las atribuciones del Estado y, segundo, autorizar a la Unión a delegar a agentes privados la explotación de los servicios de telecomunicaciones, cuya regulación correspondería a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones.
Paralelamente, el Ministerio de Comunicaciones editó la Portaria 148/95, instituyendo la Norma 4, con reglas para el uso de la Red Pública de Telecomunicaciones para el acceso a Internet y estableciendo la separación entre los servicios públicos de telecomunicaciones – encuadrándose allí la telefonía fija y la móvil – y los servicios de valor agregado – el servicio de conexión a Internet y los servicios de provisión de información operados con el soporte del servicio de conexión a Internet.
En la misma fecha, los Ministerios de Comunicación y de Ciencia y Tecnología emitieron la Portaria 147/95, creando el sistema multisectorial de gobernanza de Internet con el Comité Gestor de Internet en Brasil, para definir las directrices estratégicas para el uso y desarrollo de Internet en el país.
Otro aspecto también relevante relacionado con la reorganización regulatoria y con impactos negativos para la universalización fue el hecho de que la telefonía móvil, a pesar de haber sido mantenida como servicio público, quedó sometida al régimen privado, libre de la imposición de metas de universalización, calidad y continuidad, como ocurre con los servicios públicos prestados en régimen público; y fue justamente este servicio el que ganó más penetración entre los consumidores brasileños, especialmente los de bajos ingresos, con planes de servicio extremadamente limitados.
Pasados treinta años de los cambios regulatorios relativos al servicio de conexión a Internet, podemos afirmar que el mercado no ha sido capaz de atender la demanda por inversiones necesarias para promover el crecimiento de la infraestructura requerida para garantizar un acceso democrático y no discriminatorio al servicio de conexión a Internet.
Incluso después de aprobado el Marco Civil de Internet en 2014, que elevó el servicio de conexión a Internet al estatus de servicio esencial para el ejercicio de la ciudadanía y estableció la garantía de la neutralidad de la red, imponiendo el derecho a la prestación continua del servicio, así como el deber a los proveedores de conexión a Internet de “tratar de forma isonómica cualquier paquete de datos, sin distinción por contenido, origen y destino, servicio, terminal o aplicación”, el escenario de acceso a Internet, especialmente desde el prisma de la conectividad significativa, es preocupante, como demuestran las investigaciones del CETIC.br.
El mapa demuestra que incluso en el estado de São Paulo, que concentra más del 48% del mercado de telecomunicaciones y consumidores de altos ingresos, solo el 37,8% de la población logra alcanzar el nivel más alto de conectividad significativa; el mapa revela la enorme desigualdad regional en cuanto al acceso significativo; y, cuando se analizan los datos por clase social, tenemos que en las clases D y E, solo el 3% logra alcanzar los niveles más altos de conectividad significativa, siendo que en la clase C solo 18%, en la clase B, 58% y en la clase A, 73%.
Este cuadro se explica por las elecciones regulatorias que hicimos en el pasado y que surten efectos negativos hasta hoy. Los formuladores de políticas públicas se han acomodado en la constatación superficial de que la mayoría de la población tiene acceso a Internet, como muestran los datos del CETIC.br a lo largo de los años en que las investigaciones vienen siendo realizadas.
Sin embargo, los formuladores de políticas públicas ignoran desde hace años las advertencias y demandas administrativas y judiciales llevadas a los órganos públicos y al Poder Judicial, inclusive con victorias, por organizaciones de la sociedad civil, como es el caso del Instituto NUPEF del cual formo parte, pidiendo que las autoridades públicas usen el poder estatal de enforcement para la aplicación de las leyes como el MCI y el Código del Consumidor para forzar la adecuación de los modelos de negocio explotados por los operadores privados de los servicios de conexión a Internet a nuestro marco legal.
Desafortunadamente, como muestran los datos del CETIC.br, predominan en Brasil, especialmente para las clases C, D y E, que constituyen la gran mayoría de la población, el acceso a Internet por dispositivos móviles y planes de acceso con paquetes de datos muy insuficientes asociados a la práctica del zero rating para el tráfico de datos de las aplicaciones de Meta, especialmente Facebook, Instagram e WhatsApp, violando gravemente la garantía de la neutralidad de la red y facilitando la desinformación y los discursos de odio, con impactos políticos desastrosos.
Las consecuencias para el desarrollo del país son sérios, como constató el Tribunal de Cuentas de la Unión en un informe que resultó de una auditoría operacional sobre políticas públicas de inclusión digital, divulgado ahora en julio de este año, donde encontramos las siguientes ponderaciones del Ministro Aroldo Cedraz:
“El escenario nacional es preocupante: las iniciativas, además de fragmentadas, no consideran de forma adecuada las diferentes dimensiones del problema. Mientras el gobierno ha dado gran atención a la infraestructura de conectividad, aspectos esenciales como la accesibilidad económica, el alfabetismo digital y la seguridad han sido negligenciados. Esta aproximación limitada perpetúa la exclusión digital, que hoy se convierte en una forma de invisibilidad social y aleja a millones de brasileños del pleno ejercicio de sus derechos – en especial a los ancianos y a las personas simples de las áreas rurales o de bajos ingresos”.
Con el cuadro institucional presentado por el TCU, las preocupaciones crecen, pues los avances descoordinados y desregulados de la Inteligencia Artificial y de la instalación de sus infraestructuras – los data centers, sin parámetros regulatorios, inclusive en cuanto a los impactos ambientales, ponen en riesgo la prestación de los servicios de energía eléctrica y agua a las poblaciones que viven en los territorios de estos centros de datos, y el objetivo de obtener de forma más democrática y no discriminatoria la inclusión digital.
La actual coyuntura apunta a que la desigualdad que marca nuestro país en este momento podrá acentuarse, con el aumento del grado de dependencia de empresas estadounidenses, como es el caso de los satélites de Starlink, responsables del acceso a Internet especialmente en las regiones Norte y Nordeste del país y alcanzando más mercados por el hecho de estar embarcado en los teléfonos móviles vendidos en el país.
Las preocupaciones son aún más legítimas cuando miramos al escenario de la geopolítica, con Trump y su equipo de gobierno dejando expreso en sus pronunciamientos cuáles son sus intenciones respecto a América Latina, en cista de la disputa con China.
Termino entonces compartiendo el sentimiento de que debemos prestigiar el Mercosur, además de adoptar posturas regulatórias colaborativas y unificadas con el objetivo de enfrentar con más fuerza el lobby de las grandes bigtechs, hoy ampliamente respaldadas por el gobierno de los EUA., actuando para secuestrar el poder legislativo y regulatorio de los países, comprometiendo nuestra soberania.
Muchas gracias.
